Plan presupuestario de Administraciones Públicas: injusto y poco creíble

cuidadanosEl Plan Presupuestario de 2015 para las Administraciones Públicas que España ha presentado a Bruselas es poco realista e injusto, según el sindicato UGT. El Gobierno del Partido Popular pretende conseguir el ajuste necesario para cumplir el objetivo de déficit -13.000 millones de euros- con recortes en la Administración local. El ejecutivo planea una poda de 3.721 millones en el gasto de los ayuntamientos y prevé un aumento de los ingresos locales de 1.242 millones.

Este planteamiento, subraya UGT, es injusto, ya que nuevamente impone recortes en la Administración más cercana al ciudadano. Las Entidades Locales garantizan la cohesión interterritorial, social y la igualdad. También son las que asumen gran parte de servicios sociales, dependencia, prevención e inserción laboral y conciliación, prestaciones que corrigen desigualdades entre los ciudadanos, precisamente cuando más lo necesitan. UGT emprendió una campaña en defensa de los servicios públicos locales en octubre de 2013.

El sindicato acusa al Gobierno de “hacerse trampas al solitario” pues presenta un aumento de la recaudación poco realista -dada la situación de económica de los ciudadanos- y nuevos ajustes en unas cuentas ya muy reducidas. Los ayuntamientos no son los culpables del déficit público,  su objetivo presupuestario para este año y el siguiente es lograr el equilibrio (0% de déficit) y más de 3.000 administraciones locales tienen superávit (4.000 millones en 2013). El Gobierno habla de la aplicación de la Ley de Administración Local, una ley que está recurrida en el Tribunal Constitucional y que ha encontrado la oposición de los sindicatos, las asociaciones ciudadanas y la mayoría de los ayuntamientos de España, incluidos muchos gobernados por el PP.

UGT recuerda al Ejecutivo que organismos internacionales como la OIT, la OCDE y otros han recomendado abandonar los recortes salariales para lograr un mayor crecimiento económico. Sin embargo, el Gobierno español ha impuesto una nueva congelación a los sueldos de los empleados públicos, aunque no duda en subir un 3% el de directivos de la Administración.

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