Son necesarios fondos y medios suficientes para lograr los objetivos de la nueva Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

UGT espera que el Gobierno se dote de fondos y medios suficientes para lograr los objetivos de la nueva Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad SocialSe ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) nº 174  de 22 de julio, la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y entra en vigor al día siguiente, según su disposición final cuarta.                  

El Secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, participó ayer miércoles 22 de julio, en la jornada de presentación de la nueva Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se organizó en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Durante su intervención en la mesa redonda sobre Inspección de Trabajo y Seguridad Social como garante de la calidad en el empleo, Ferrer ha manifestado que la Unión General de Trabajadores valora las intenciones que han dado origen a esta Ley y espera que el Gobierno dote de fondos y medios humanos y materiales suficientes para poder llevar a cabo sus objetivos.

Desde UGT se señala que esta Ley pone en valor la labor que desarrolla la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la protección de los derechos de los trabajadores, incrementando sus funciones y fortaleciendo su actuación, algo especialmente importante en unos tiempos como los actuales, en los que ha aumentado la precariedad laboral, el fraude en la contratación, el incumplimiento de las condiciones de trabajo y el abuso y la explotación del trabajador.

También se destaca que implica un avance en la lucha contra la dejación de las empresas en materia de prevención de riesgos laborales y el aumento de la siniestralidad laboral, con la creación del nuevo cuerpo de subinspectores de seguridad y salud laboral.

Así mismo desde UGT se subraya que esta Ley refuerza la participación de los Interlocutores Sociales en la planificación y ordenación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y permite una mayor colaboración de ésta con las organizaciones sindicales y los representantes de los trabajadores. 

Unas pinceladas sobre esta Ley 

Han pasado 18 años desde la aprobación de la anterior Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo, y la elaboración de la nueva ley se ha llevado a cabo durante muchos meses.

Numerosos cambios se han producido desde entonces, desde la modificación del marco normativo de las relaciones laborales y la organización del trabajo, a la entrada de las Administraciones públicas competentes en la ejecución de la legislación laboral, y la asunción de determinadas competencias por algunas Comunidades Autónomas en materia de función pública inspectora. La ley 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y sanciones en el orden social, ha sido predecesora del surgimiento y desarrollo del sistema de solución autónoma de conflictos, para impulsar la cultura de la negociación y el diálogo en relación al conflicto laboral, en cuyo ámbito la ITSS también debe desarrollar sus funciones.

Este es el contexto en el que la nueva Institución de la Inspección de Trabajo se configura como uno de los instrumentos necesarios para desempeñar una función que, bajo los fines de modernización, coordinación y eficacia del sistema, seguirá actuando para garantizar el cumplimento de la normativa laboral.

La nueva ley en su gestación, ha sido fruto del Acuerdo de 29 de julio de 2014, entre el Gobierno y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, y como consecuencia del mismo en el articulado, se hace valer el consenso en la descentralización funcional de la configuración de la Inspección de Trabajo como organismo autónomo, y siendo un sistema integral y único que conlleva:

  • la aplicación uniforme de las normas laborales,
  •  la función de vigilancia y cumplimiento de las normas del orden social,
  • la creación y especialización de un nuevo cuerpo de subinspectores, los de seguridad y salud laboral que, junto con los subinspectores de empleo y seguridad social, van a formar el cuerpo de subinspectores laborales.

 Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y participación Institucional

Se crea el Organismo Estatal Inspección de trabajo y Seguridad Social, como un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica propia y diferente a la del Estado, con estructura central y territorial que tendrá un Consejo Rector, un Director y un Consejo General Consultivo, como órgano de participación institucional en el que se integrarán entre otros, los representantes de las organizaciones empresariales más representativas y los representantes de las organizaciones sindicales más representativas.

En relación con la participación institucional en los asuntos de la ITSS que se circunscriben al ámbito territorial de las Comunidades Autónomas, se producirá en los órganos de representación de carácter consultivo, en la forma en que se prevea por éstas.

Por otra parte, el principio de participación institucional, que la ley expresamente recoge, se manifiesta mediante la presencia de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el Sistema de Inspección, en cuanto representantes que somos de los principales destinatarios de la actividad inspectora, los trabajadores y las empresas.

La ley prevé la existencia de un Consejo General, que sustituye a la actual Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, como órgano de participación institucional en las materias relativas al Organismo Estatal y al que se atribuyen funciones de información, audiencia y consulta en los asuntos de que tenga conocimiento el Consejo Rector.

La actividad de dicho Organismo se iniciara una vez aprobados y publicados sus Estatutos que se deberán aprobar y publicar en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma.

Esta participación institucional parece limitada con respecto a la que ostentamos en otros ámbitos, por lo que será importante observar cómo se desarrolla la misma.

Lucha contra el fraude

El modelo organizativo del Sistema prevé la regulación en sus Estatutos de una Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, como órgano especializado de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para combatir las conductas relacionadas con el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Sin embargo, su existencia se determina como una posibilidad puesto que la norma señala que: “Los Estatutos del Organismo Estatal podrán establecer una Oficina Nacional de Lucha Contra el Fraude, integrada en el propio Organismo, como órgano encargado del impulso y coordinación de la aplicación de las medidas de lucha contra el trabajo no declarado, el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y cuantas otras se determinen”. La determinación de dicho organismo nunca ha sido compartida por UGT puesto que se debería poner el énfasis en el objetivo de proteger los derechos de los trabajadores, persiguiendo el fraude y la explotación laboral, además de que no se establecen en la norma sus aspectos básicos, por lo que no está determinada correctamente.

Solución extrajudicial de conflictos

La norma además configura a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para potenciar su función mediadora, dirigida a la evitación e integración de los conflictos laborales, y la información y asistencia técnica a empresas y trabajadores, lo que reforzará su configuración como un servicio público armonizador de las relaciones laborales.

La norma señala que: “Las funciones de conciliación, mediación y arbitraje de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se desarrollarán sin perjuicio de las facultades atribuidas a otros órganos de las Administraciones Públicas y a los órganos instaurados por los sistemas de solución de conflictos laborales basados y gestionados por la autonomía colectiva”, sin embargo, debería haberse configurado su carácter subsidiario de una manera más garantista de los sistemas autónomos de solución de conflictos, por lo que esto también será una cuestión a defender en el desarrollo de la norma.

No obstante, es necesario señalar que la última versión del anteproyecto, no fue sometida a consulta por parte de los interlocutores sociales, por lo que de nuevo, el Gobierno incumple con su obligación en una norma tan importante en el ámbito de las relaciones laborales como es ésta.

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