¡La ceremonia de la confusión!

 Los derechos laborales de los empleados públicos no pueden estar sujetos a los intereses electoralistas de los partidos políticos

Los derechos laborales de los empleados públicos no pueden estar sujetos a los intereses electoralistas de los partidos políticos.

El Gobierno anunciará en el Consejo de Ministros de hoy la aprobación de un crédito extraordinario para abonar el 26,23% de la paga extra suprimida en 2012 a las empleadas y empleados públicos. Adelanta también que devolverá el 6º “Moscoso” y “los canosos” que los empleados públicos han perdido desde entonces (vinculados a la antigüedad), ya sean por asuntos propios, ya por vacaciones. Eso sí, conviene precisar que, salvo el 6º Moscoso, el resto de las medidas sólo serán de aplicación a los empleados públicos de la AGE, que sólo suponen, en volumen de empleo, el 8% del conjunto de empleados públicos de todas de las Administraciones Públicas. Igualmente se ha anunciado, en esta ceremonia de la confusión, que el 50% restante de la paga extraordinaria se devolvería en el mes de enero de 2016. Anuncio que fue rectificado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas breves momentos después, para señalar que no existe fecha cierta con respecto a dicha devolución, reconduciendo la situación a la indeterminación del Proyecto de Ley de Presupuestos para el 2016, aun no aprobado y cuya ejecución no dependerá del actual Gobierno, sino del que resulte elegido en las próximas elecciones generales. Aunque desde UGT celebramos la devolución de ciertos derechos, consideramos estas medidas claramente insuficientes y con un obvio cariz electoralista. UGT ya reivindicó en todos los foros la devolución de los días adicionales y demás derechos recortados, y encontró la negativa del ministro de Administraciones Públicas. Ahora el gobierno cambia su estrategia y, fiel a su estilo, lo hace mediante un Real Decreto Ley, adelantándose incluso a la ley de PGE en una maniobra claramente partidista. Incumpliendo así el compromiso adquirido por el propio Ministro en la Mesa General de Negociación del 30 de julio, relativo a la apertura de un proceso negociador.

En todo caso, la devolución de la paga extra no es sinónimo de recuperación salarial, ya que no resuelve la pérdida de poder adquisitivo acumulado durante la legislatura (9,2%), tras sucesivos recortes y congelaciones que, además de tener una negativa incidencia sobre su actual salario, tendrá una nefasta repercusión en la generación de las futuras pensiones a percibir por los empleados públicos. Además, el Gobierno suprimió la paga extra con carácter general y sin embargo ahora deja su devolución parcial al albur de las, Entidades Locales, Diputaciones y demás Administraciones Públicas que tienen, en muchos casos, altos niveles de endeudamiento y limitaciones presupuestarias. El Gobierno no puede vender la idea de que volver a las condiciones anteriores a 2012 significa una mejora para los empleados públicos y que así queda zanjada la deuda que tenía con ellos. Se han perdido 400.000 empleos públicos en los últimos cuatro años, se han reducido los fondos destinados a la acción social y a los planes de jubilación, se recortaron las retribuciones en caso de incapacidad temporal y se amplió la jornada. En definitiva, y como conclusión, desde FSP-UGT consideramos:

  • Que el planteamiento de unas medidas que sólo van a resultar de aplicación al 8% de los empleados públicos, supone una discriminación totalmente injustificada. Pues en 2012 se recortaron los derechos a todos los empleados y Administraciones Públicas y, ahora, sólo se devuelven expresamente a una parte de los mismos (Administración General del Estado).
  • El balance del Gobierno con los empleados continúa siendo muy negativo, ya que con estas medidas, todavía no alcanzamos las condiciones laborales existentes a su llegada al poder.
  • Desde FSP-UGT continuaremos reivindicando el carácter básico que debe tener la recuperación de todos los derechos que han sido arrebatados y que continúan pendientes.

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