España necesita una política salarial y de rentas que frene la precariedad y la desigualdad

España necesita una política salarial y de rentas que frene la precariedad y la desigualdadLos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que el IPC ha profundizado su senda descendente al caer dos décimas respecto del mes anterior y situar la variación en los últimos doce meses en el -0,3.

UGT considera que se trata de un indicador claro de la debilidad de la recuperación, resultado de la persistente devaluación de rentas de las familias y advierte de que el enquistamiento del paro de larga duración, el deterioro de la calidad del empleo y la devaluación salarial han provocado un aumento notable de las desigualdades y un incremento de la población en riesgo de pobreza o exclusión social –que alcanza casi al 30% de la población-.

El sindicato señala que España necesita políticas destinadas a estimular el consumo y la inversión a través de la mejora del poder adquisitivo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) cumpliendo la Carta Social Europea – hasta alcanzar los 800 euros en 2017 - y de las pensiones, de la recuperación del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos y, en el ámbito del sector privado, una correcta aplicación del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que marca la obligación de mejorar los salarios.

En definitiva, urge apostar por el crecimiento sostenible e integrador y reconstruir el modelo social europeo, apostando por una política salarial y de rentas que frene la precariedad y la desigualdad.

Según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el IPC ha profundizado su senda descendente, al caer dos décimas respecto del mes anterior y situar la variación en los últimos doce meses en el -0,3%, cuatro décimas mayor que la registrada en octubre.

La inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, aumenta una décima y se sitúa en el 1,0%, situando su distancia con la tasa general en siete décimas, como consecuencia de la incidencia de los precios del petróleo en la tasa general, precios que no se incluyen en la tasa subyacente.

Por su parte, la tasa de variación anual del IPC Armonizado (IPCA) aumenta cinco décimas y se sitúa en el –0,4. De este modo, el IPCA de España se sitúa cinco décimas por debajo de la tasa media de la eurozona, que es de 0,1%. Es decir, España lleva 27 meses consecutivos registrando tasas de variación del IPC inferiores a las de la eurozona.

La evolución de los precios en nuestro país es un indicador claro de la debilidad de la recuperación económica, resultado de la persistente devaluación de las rentas de las familias.

Esta devaluación no consigue recuperar la fortaleza de la demanda interna, y está generando unos niveles de desigualdad inadmisibles. Según el último dato de Hacienda en su informe “Estadística de Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias”, el sueldo medio declarado ha caído al nivel más bajo desde 2007 (18.420 euros anuales), debido a la incorporación de empleos con salarios bajos.

En cambio, y según el propio informe “el salario medio del grupo de los más privilegiados, los que cobran más de 10 veces el salario medio interprofesional (SMI), no ha parado de subir en toda la crisis”.

De modo que el enquistamiento del paro de larga duración, el deterioro de la calidad del empleo y la devaluación salarial han provocado una fuerte pérdida de renta de las familias españolas, aumentando de forma notable la población en riesgo de pobreza o exclusión social, que alcanza ya casi al 30% de la población, y los niveles de desigualdad en España.

Porque las políticas de austeridad aplicadas en nuestro país han empeorado las condiciones de vida de la población y han propiciado el alejamiento de España en términos de renta por habitante del conjunto de la Unión Europea.

La crisis sigue enquistada en nuestro país, mientras el gobierno sigue tan complaciente con un modelo incompatible con el progreso social y la igualdad en nuestro país. Se crea empleo temporal, parcial y precario, que convive con una extensión insostenible del paro de muy larga duración y del número de hogares con todos sus miembros en paro (más de un millón y medio de personas, según los últimos dato de la EPA.

Y en este escenario el consumo se resiente, y este hecho se refleja en la evolución de los precios. En definitiva, España necesita revitalizar la demanda y esto exige recuperar las rentas salariales.

En este sentido, UGT demanda la modificación de la política de rentas, incrementando el poder adquisitivo de los funcionarios y pensionistas, y garantizando ganancias de poder adquisitivo a los trabajadores en el sector privado, en el marco del III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017 firmado por los interlocutores sociales el 8 de junio de 2015. Y sin olvidar el Salario Mínimo Interprofesional1 .

Además, hay potenciar las políticas activas de empleo y poner en marcha medidas de creación de empleo con recursos adicionales para mejorar la empleabilidad y lograr la inserción permanente de los desempleados, especialmente de los colectivos con mayores dificultades de acceso al empleo, fortaleciendo la protección de las prestaciones por desempleo.

Desde UGT proponemos un diálogo permanente y un nuevo rumbo para la política económica y social, con propuestas claras y realistas en cada ámbito, que forman parte de una estrategia integral hacia un nuevo modelo económico y social para nuestro país, que debe asentarse además sobre unas reforzadas bases democráticas y de participación ciudadana.  

Porque urge apostar por el crecimiento, favoreciendo el consumo, lo que requiere empleo y rentas para los hogares y las personas. Además de la ser la clave para el crecimiento, es de justicia social una política salarial y de rentas que frene la precariedad y la desigualdad, situaciones del todo incompatibles con un escenario de recuperación económica. Hay que generar buenos empleos y buscar fórmulas para mejorar la innovación de las empresas y aumentar su productividad, junto con el desarrollo de políticas de distribución, en las que la negociación colectiva, que es donde se gesta la distribución primaria de la riqueza, tenga un papel fundamental.

Todo ello acompañando de la mejora de las capacidades de actuación públicas, reformando la fiscalidad, tanto del lado del ingreso como del gasto, de manera que resulte una herramienta favorecedora del crecimiento y de la redistribución justa y equitativa de la renta.

Se trata de reconstruir el modelo social europeo: con una sociedad cohesionada, con igualdad de oportunidades y con derechos conseguidos mediante la negociación colectiva.

Este es el reto del gobierno que surja de las próximas elecciones generales del 20 de diciembre, que deberá afrontar un triple reto para los próximos años, que debería trasladarse también al ámbito europeo: inducir un crecimiento más equilibrado, sostenible e integrador, generar más y mejor empleo, de calidad y con derechos, y elevar el bienestar y la calidad de vida de todos, corrigiendo la desigualdad y la pobreza que la crisis y las políticas aplicadas han generado.

 

[1] El pasado 2 de noviembre instamos al gobierno, a impulsar la mejora del SMI y recuperar el poder adquisitivo perdido (5,4 puntos de poder de compra en los últimos cinco años). Para ello, proponemos incrementar el SMI de forma que alcance los 800 euros al mes, mediante un incremento escalonado en dos tramos: un 11% en enero de 2016 para llegar a 720 euros (en 14 pagas) y un 11% en enero de 2017, alcanzando en esa fecha 800 euros (en 14 pagas).Una cuantía que permitirá aproximarse a los salarios mínimos existentes en la Unión Europea de los 15 y al 60% del salario medio, objetivo que establece la Carta Social Europea suscrita por España.

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