2º Comité Federal ordinario

Votación en Comioté FederalLa Federación de Servicios Públicos de UGT celebró el martes día 2 de diciembre su 2º Comité Federal Ordinario, máximo órgano entre congresos, con el análisis de la situación actual de la organización, la gestión y las elecciones sindicales como principales puntos en el orden del día.

El secretario general de FSP-UGT, Julio Lacuerda, ha ahondado en su intervención en las derivaciones que ha de tener el anuncio por parte de la Confederación, hecho público la semana pasada, del adelantamiento del 42º Congreso Confederal a 2016. La anticipación del congreso obrará un cambio de ejecutiva, como es lógico,  pero también el cumplimiento de las resoluciones del 41 Congreso, a saber, la reestructuración sectorial de la organización para lograr una mayor agilidad y eficacia en su gestión.

Lacuerda ha manifestado la necesidad que de este objetivo se cumpla en el plazo señalado y que en el 42 Congreso salga elegido un equipo verdaderamente comprometido con ese proyecto. "La Federación de Servicios Públicos permanecerá unida y actuará como un vector en el debate que una decisión tan relevante requiere". "FSP-UGT quiere que se lleven a término las tareas que van a hacer de la Unión General de Trabajadores una organización más fuerte; nuestra consigna es debate y compromiso".

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UGT denuncia: Los trabajadores con discapacidad cobran un 20% menos

Trabajo y discapacidad

3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Las personas con discapacidad sufren un paro en torno al 33% y su tasa de empleo no alcanza el 25%, cobran un 20% menos y el número de contratados con estudios universitarios no alcanzan el 6%. Éstos son solo algunos datos que reflejan que, a pesar de las regulaciones, la inclusión laboral de las personas trabajadoras con discapacidad sigue sin lograrse, por lo que es necesario abordar políticas más efectivas. UGT defiende la mejora de las condiciones de contratación y laborales de estas trabajadoras y trabajadores, a fin de garantizar la igualdad de trato, de oportunidades y no discriminación y exige que se cumpla la cuota de reserva del 2% en empresas de más de 50 personas en plantilla. La verdadera integración pasa por actuar en distintos ámbitos: educación, formación, empleo (en igualdad de condiciones laborales y salariales) cultura y transporte.

Los datos de empleo de las personas con discapacidad nos desvelan una realidad alarmante. La tasa de paro se sitúa en torno al 33% y su tasa de empleo no alcanza el 25%, según el último informe del Servicio Público de Empleo de este año y cuyos datos corresponden a 2013. A esto se une el alto porcentaje de inactividad, un 63,36% (lo que supone un 23,01% por debajo de la población sin discapacidad). Por otro lado, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de 2012, se observa un incremento de la tasa de paro, del 6,2%, en un año.

Los contratos celebrados con estas trabajadoras y trabajadores representan cerca del 1% de toda la contratación registrada, Respecto al tipo de contratación los más numerosos son los eventuales por circunstancias de la producción, seguidos de los de obra o servicio. Los indefinidos tan sólo alcanzaron un 8,9% del total de los contratos realizados. Respecto al sector que ocupan las personas trabajadoras con discapacidad corresponden al sector servicios (más del 82%).

Pero la baja calidad en la contratación de las personas trabajadoras con discapacidad no sólo se refleja en el tipo de contrato sino también en las condiciones en que se desarrolla su tarea y, con los datos publicados por el Observatorio de las Ocupaciones, podemos concluir que estas personas suelen ocupar los puestos de más baja cualificación, siendo su salario un 20% menos que el resto de la población trabajadora.

A estos datos estadísticos relativos al empleo, les debemos añadir la mínima participación en el ámbito educativo de las personas con discapacidad, sobre todo, en estudios postobligatorios y superiores (se estima que las personas con discapacidad contratadas con estudios universitarios no alcanzan un 6%).

Es innegable que la inclusión laboral de las personas con discapacidad, después de todos los mecanismos regulados como son las bonificaciones a la contratación, la cuota de reserva en el empleo público y en el privado, o los centros especiales de empleo, sigue sin lograrse. Desde UGT creemos que ha llegado el momento en el que, sin más dilación, se aborden las políticas sobre discapacidad de una forma más efectiva y eficiente que lo que se ha realizado hasta ahora. El Gobierno, debe empezar a reflexionar si las políticas para lograr la integración desde todos los ámbitos, y especialmente en el laboral, cumplen su cometido.

Frente a esta situación, UGT apuesta por la mejora de las condiciones de contratación y de trabajo de las personas con discapacidad desde una perspectiva integradora de derechos, a fin de garantizar la igualdad de trato, de oportunidades y su no discriminación. Nuestra labor se orienta hacia el logro de la contratación efectiva de las personas con discapacidad y del compromiso del cumplimiento de la cuota reserva del 2% en empresas de más de 50 personas en plantilla. Reivindicamos el buen funcionamiento de los centros especiales de empleo, de tal manera que los trabajadores con discapacidad no perpetúen su permanencia en ellos y que cumplan su función social de ser un tránsito a las empresas ordinarias.

Para UGT, la balanza de la discapacidad debe volcarse a favor de un compromiso global en pro de un entorno social y laboral accesible, y abandonar el enfoque que responsabiliza exclusivamente a la personas con discapacidad, convirtiéndoles en agentes de su autoexclusión y exigiéndoles que sean ellos los que se integren y se adapten. 

La verdadera integración debe contextualizarse, dentro de los derechos humanos, en ámbitos como son el acceso a la educación, a la formación, a la libre elección de un empleo en igualdad de condiciones laborales y salariales, a la cultura, o al transporte en igualdad de condiciones, dotando a las personas con discapacidad de herramientas para su pleno ejercicio

El Tribunal Supremo confirma que los convenios colectivos prevalecen sobre la reforma laboral

El Supremo confirma que los convenios colectivos prevalecen sobre la reforma laboral

El Tribunal Supremo reafirma que las condiciones de trabajo que se rigen por el convenio colectivo siguen vigentes tras la caducidad del mismo, corrobora así la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, de 20 de diciembre de 2013 en respuesta a una demanda a la empresa de Atención y Servicios SL. 

Para UGT esta sentencia, que supone un varapalo a la reforma laboral y a la limitación de la ultraactividad de convenios, impuesta por el Gobierno del Partido Popular (PP), confirma la validez e importancia que tiene la negociación colectiva en la regulación de las condiciones de trabajo. 

El sindicato reitera que los cambios normativos deben ser fruto del Diálogo Social y que la justicia social se logra con acuerdos, no con imposiciones normativas.

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, por mayoría de sus integrantes, ha establecido que las condiciones pactadas en el contrato de trabajo desde el momento mismo de su constitución, sea directamente o por remisión a lo establecido en el convenio colectivo de aplicación, tienen naturaleza jurídica contractual, y por ello siguen siendo exigibles entre empresa y trabajador, aunque haya expirado la vigencia del convenio colectivo de referencia, y ello sin perjuicio, de que continúe la obligación de negociar un nuevo convenio.

El Alto Tribunal confirma la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, de 20 de diciembre de 2013, determinando que la pérdida de la vigencia de un convenio colectivo, por haber transcurrido el año de caducidad previsto en la Ley 3/2012, de 6 de julio, no conlleva que las condiciones de trabajo se rijan por el Estatuto de los trabajadores, sino que la regulación del convenio colectivo se incorpora al contrato de trabajo.

La demanda se inició como consecuencia de que la empresa Atención y Servicios S.L. (ATESE) pretendía no aplicar las condiciones salariales a sus trabajadores, derivadas del convenio colectivo, como consecuencia de la pérdida de vigencia del mismo, el día 8 de julio de 2013, en aplicación de la reforma laboral, y por lo tanto, tras haber transcurrido el año de caducidad previsto en la Ley 3/2012, de 6 de julio, y la no renovación de dicho convenio por falta de acuerdo.

Es la primera vez que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre esta cuestión. Para UGT esta sentencia confirma la validez e importancia que la negociación colectiva tiene, y el valor normativo sustancial de los convenios colectivos en la regulación de las condiciones de trabajo, que mantienen sus efectos sobre las relaciones laborales, directamente sometidas a él, antes de su denuncia, y tras la pérdida de su vigencia, y por lo tanto, la prevalencia del convenio colectivo frente a la limitación legal establecida por la reforma laboral del PP.

En este mismo sentido ya sea se había pronunciado la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Europeo, en el asunto C- 328/13, de fecha de 11 de septiembre de 2014, señalando que un convenio colectivo sigue vigente mientras no se firme otro.

Con esta interpretación se avala el contenido de los estudios e informes realizados por UGT en los que además se determinan las siguientes cuestiones:

  • La importancia que tiene la redacción de la cláusula de ultraactividad y del riesgo de pactar prórrogas innecesarias de la vigencia del convenio.
  • Que deben distinguirse dos instituciones que en ocasiones se confunden: el mantenimiento de la vigencia del convenio vencido mientras que se negocia el nuevo que lo sustituya, que es lo que conocemos como “ultraactividad”, con el ejercicio del derecho a la negociación colectiva hasta alcanzar el nuevo convenio, puesto que éste no tiene plazo alguno.
  • La posible pérdida de la ultraactividad no concede facultad alguna a las partes, especialmente a la patronal, para dar por concluida la negociación colectiva, pues subsiste el deber de negociar.
  • Mientras se desarrollan las negociaciones de un posible convenio que pudiera perder la ultraactividad, que se prorrogue la vigencia del convenio vencido.
  • El deber de negociar y el principio de buena fe en la negociación alcanzan un valor relevante en las nuevas circunstancias provocadas por la reforma legal, debiendo tener un protagonismo especial y presidir la negociación de los convenios, y ser invocados en las acciones legales que se interpongan ante los órganos judiciales.

UGT reitera la prevalencia de la negociación colectiva frente a las medidas impuestas en la Reforma Laboral.

 

Día Internacional de los Derechos Humanos

Derechos HumanosEl 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, con este motivo, UGT y CCOO han suscrito una Declaración conjunta en la que denuncian que la situación del trabajo en el mundo es cada vez más insegura conforme aumenta el desempleo, los jóvenes y las minorías se ven marginados y excluidos y los derechos laborales son atacados. Recuerdan que los derechos en el trabajo son derechos humanos y que garantizar la existencia efectiva de los derechos humanos para todos es el fundamento de la justicia social y económica.

Los sindicatos destacan que este año se celebra el 65 aniversario del Convenio de la OIT sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva y resaltan un informe de la Confederación Sindical Internacional en el que se ofrece un listado de los países que más incumplen los derechos humanos y sindicales.

 Asimismo, denuncian que en nuestro país se está viviendo “una verdadera regresión en términos de calidad de vida, derechos y libertades, así como una mayor pobreza, exclusión y fragmentación de la sociedad española, incluso para aquellas personas que cuentan con un empleo. En este sentido, recuerdan que los sindicatos “interpusimos una queja ante la OIT contra el Gobierno de España por violación de la libertad sindical, del derecho a la negociación colectiva y del derecho de huelga”. En la misma, denunciaron las prácticas sancionadoras penales que se vienen produciendo en España en relación con la interpretación y aplicación del artículo 315.3 del Código Penal, que coarta un derecho fundamental como es la huelga y de la libertad sindical.
 
En el manifiesto alertan que “la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana-supone un retroceso grave en las libertades públicas y en los derechos de participación democrática”. También piden al Gobierno español que ponga en marcha las recomendaciones de la ONU para dar verdad y justicia a las víctimas del Franquismo.

Declaración conjunta
 
"El 10 de diciembre, instituido en 1950 por la Asamblea General de la ONU como Día Internacional, para llamar la atención sobre la importancia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es además la ocasión para señalar los graves incumplimientos que hacen la vida extremadamente difícil para millones de personas, de trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. La situación del trabajo en el mundo es cada vez más insegura conforme aumenta el desempleo, los jóvenes y las minorías se ven marginados y excluidos, y los derechos laborales son atacados.

UGT y CCOO afirmamos, una vez más, que los derechos en el trabajo son derechos humanos y garantizar la existencia efectiva de los derechos humanos para todos es el fundamento de la justicia social y económica.

Reproducimos el artículo 23 de la Declaración Universal que, de manera clara, sencilla y sintética, expresa en su contenido la dignidad básica y mínima de los derechos laborales.

 Artículo 23
 
(1) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
(2) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
(3) Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
(4) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

En esta ocasión se trata de un año especial para el movimiento sindical, puesto que es también el año en el que celebramos el 65 aniversario del Convenio de la OIT sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

La Confederación Sindical Internacional, en los Informes anuales sobre las violaciones de los derechos sindicales, señala 7 países como especialmente en riesgo para el ejercicio de los derechos humanos y sindicales (Zimbabwe, Swazilandia, Guatemala, Birmania, Fiji, Georgia, Bahrein) en una lista de más de 80 países de todos los continentes y regiones, con una presencia creciente de países europeos.

En nuestro país estamos viviendo una verdadera regresión en términos de calidad de vida, derechos y libertades, así como una mayor pobreza, exclusión y fragmentación de la sociedad española, incluso para aquellas personas que cuentan con un empleo.

Por ese motivo, CCOO y UGT interpusimos una queja ante la OIT contra el Gobierno de España por violación de la libertad sindical, del derecho a la negociación colectiva y del derecho de huelga detallando las circunstancias concretas de una serie de personas que han sido objeto de diversos procedimientos penales con ocasión del ejercicio del derecho de libertad sindical y de huelga.

Denunciamos las prácticas sancionadoras penales que se vienen produciendo en España en relación con la interpretación y aplicación del artículo 315.3 del Código Penal, que sanciona el llamado delito de coacciones para promover una huelga, así como otros tipos penales que usualmente se vienen empleando para criminalizar la actividad sindical, como el delito de atentado, desobediencia, o desordenes públicos, máxime cuando implican gravísimas penas privativas de libertad, que algunas sentencias ya son firmes, y la libertad de las personas encausadas depende en esos casos de decisiones meramente políticas vinculadas a la concesión del indulto por parte del Gobierno.

Igualmente la reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana supone un retroceso grave en las libertades públicas y en los derechos de participación democrática a través de las que el gobierno pretende incorporar nuevas restricciones al ejercicio de derechos fundamentales.

Pedimos al Gobierno Español que asuma y ponga en marcha las recomendaciones de la ONU para dar verdad y justicia a las víctimas del Franquismo, contenidas en el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (GTDFI), así como las recomendaciones recogidas en el Informe del Relator Especial, Pablo de Greiff, sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sobre la impunidad de los crímenes del Franquismo.

Expresamos finalmente la solidaridad de la UGT y de CCOO con todas las víctimas que sufren las vulneraciones de sus derechos como personas y el firme apoyo a los activistas y defensores de los derechos humanos y sindicales."
 
 

Las mutuas: negocio privado con dinero público

Las mutuasLegalmente, las Mutuas son entidades que colaboran en la gestión de la seguridad social, sin ánimo de lucro, concebidas como entidades privadas pero que gestionan anualmente más de 12.000 milones de euros de dinero público.

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