El Comité Europeo de Derechos Sociales da la razón a UGT y CCOO

Informe Comité Europeo de DerechosEl Informe del Comité Europeo de Derechos Sociales da la razón a UGT y CCOO y supone un tirón de orejas al Gobierno español al constatar en su informe que el Ejecutivo incurre en graves incumplimientos de los derechos laborales, negociación colectiva y libertad sindical que reconoce la Carta Social Europea. Entre otros aspectos denuncia que el Salario Mínimo Interprofesional no asegura un nivel de vida digno; la violación de la libertad sindical, cuando el Ejecutivo impuso, sin consultar, esta normativa; y la injerencia del Gobierno en el derecho de huelga y la criminalización de la actividad sindical. Ambos sindicatos consideran lamentable que el mismo día en el que el Comité Europeo de Derechos Sociales condena a España por vulnerar sus compromisos internacionales el Tribunal Constitucional apruebe una sentencia en la que dice que la reforma laboral es compatible con la Constitución. 

Asimismo, van a reclamar el cumplimiento directo de la Carta Social como norma jurídica vinculante que desplaza la legislación interna en el reconocimiento de los derechos económicos y laborales, tal y como han sido establecidos por el Comité Europeo de Derechos Sociales.

UGT y CCOO, en las alegaciones contradictorias presentadas tras la realización del Informe presentado por el Gobierno, señalaron numerosas infracciones de la Carta Social Europea. En sus conclusiones el Comité de Derechos Sociales nos da la razón con respecto a que  Legislación española conculca la Carta Social Europea en las siguientes materias:

  • El Salario Mínimo Interprofesional no asegura un nivel de vida digno.

  • No se garantiza una mayor retribución o un mayor tiempo libre que compense la realización de las horas extras.

  • Puede ser excesiva la duración de la jornada diaria y semanal en la regulación de la jornada flexible, y la posibilidad de la distribución unilateral de la jornada por parte del empresario pudiendo ser superior a 60 horas de trabajo para ciertas categorías de trabajadores.

  • No se asegura que el periodo de vacaciones no disfrutado en las bajas por IT, se disfrute dentro de los 18 meses siguiente al final del año en que se han devengado las vacaciones.

  • El periodo de preaviso no es razonable en los contratos indefinidos y en los temporales tanto si se trata de un despido por causas objetivas más allá de los 6 meses de prestación de servicios, como en los contratos en prácticas, como en el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores.

  • No se puede dejar el plazo de preaviso en general a la discrecionalidad de las partes en un contrato de trabajo.

  • La violación de la libertad sindical en la aprobación de la reforma laboral, al no haber consultado el Gobierno con las organizaciones sindicales.

  • La injerencia del Gobierno en el derecho de huelga y la criminalización de la actividad sindical.

  • La renuencia a dar información por parte del Gobierno de España en aspectos del informe tan importantes como que los descuentos salariales deben determinar un nivel de vida digno, puesto que los hogares españoles tienen un coste relativo a la vivienda que tras la crisis que ha conllevado una congelación del salario que no permite un nivel de vida digno.

  • La reiteración al Gobierno de España de que presente al Comité los datos relativos al ámbito personal de aplicación de los derechos de información y consulta puesto que el comité señala que todas las categorías de trabajadores que tengan un contrato de trabajo con la empresa, deben ser incluidos entre los empleado que gocen del derecho a la información y la consulta según la STJUE caso C-385.
 
El informe emitido por el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) constata que nuestro país incurre en graves incumplimientos de los derechos laborales, negociación colectiva y libertad sindical que reconoce la Carta Social Europea (CSE), incluyendo numerosos aspectos que hacen referencia al marco normativo de la legislación laboral, así como en los niveles del Salario Mínimo Interprofesional.  

Con ello acoge las alegaciones presentadas por la Confederaciones Sindicales de CCOO y UGT, al informe que el gobierno presento ante el CEDS en relación con diversos aspectos incluidos en la reforma laboral.La CSE es un tratado internacional de 1961 que España tiene firmado y ratificado igual que el Protocolo Adicional de 1988 que son las partes vinculantes de la Carta, pero no así la ampliación que se hizo en el año 1996 y que él gobierno firmó en el año 2000 pero que todavía no ha sido llevada a las Cortes para su ratificación. Tampoco lo ha sido el Protocolo de reclamaciones colectivas de 1995 que va asociado a la misma. 

El Comité Europeo de Derechos Sociales es el órgano encargado de verificar si los Estados miembros, entre ellos España, cumple las obligaciones que les impone la Carta Social Europea de 1961 y el Protocolo Adicional de 1988, que son los dos acuerdos internacionales suscritos por España y vinculantes para nuestro país.

La resolución constata siete incumplimientos de las obligaciones de España establecidas en esas normas internacionales, además de reservarse su opinión sobre diversas materias en las que entiende que el Gobierno no ha facilitado suficiente información para poder pronunciarse.

 Entre las materias que  implican la vulneración de la Carta Social y el Protocolo, se encuentran: 

1.El Salario Mínimo Interprofesional no asegura un nivel de vida digno. El Comité considera que el salario mínimo interprofesional establecido por el Gobierno y la Ley de Presupuestos “no asegura un nivel de vida decente”. Recuerda que “a fin de garantizar un nivel de vida decente en el sentido del artículo 4§1 de la Carta de 1961, la remuneración debe estar por encima del umbral mínimo, fijado en el 50% del salario medio neto”.  A la vista de las alegaciones expresadas por las organizaciones sindicales, “toma nota de que después de las contribuciones a la seguridad social y el impuesto sobre la renta, el SMI, así como el salario mínimo del personal contractual están por debajo del umbral mínimo fijado en el 50% del salario medio neto, y por lo tanto son manifiestamente abusivas en el sentido del artículo 4§ 1 de la Carta de 1961”. Se pide que el próximo informe se incluya información sobre la tasa de cobertura de los convenios colectivos se aplican en los sectores público y privado, así como en los salarios mínimos acordados. También pide información sobre la remuneración mínima aplicable a los trabajadores autónomos económicamente dependientes.

2.La falta de preaviso adecuado ante el despido de contratos temporales, y en el contrato de apoyo a los emprendedores introducido por la reforma laboral.  Se llega a la conclusión de que España no garantiza los derechos establecidos en el artículo 4§4 de la Carta de 1961, sobre la base de que no exige un plazo de preaviso razonable en la extinción que decide el empresario en numerosos supuestos, siendo el más llamativo el establecido durante el período de prueba del contrato de apoyo a emprendedores, introducido por la reforma laboral.  “El Comité observa en el presente caso, pues no prevé plazo de preaviso o indemnización por despido durante el período de prueba excepcional del contrato de soporte empresario. 

Por ello, considera que el artículo 4, párrafo 3 de la Ley Nº 3/2012 no está en conformidad con el artículo 4§4 del 1961 Carta a este respecto”  Lo mismo sucede con otros supuestos de contratación en los que diversas reformas laborales ha suprimido el preaviso a fin de que la empresa pueda imponer el despido  de forma inmediata, como sucede con los contratos temporales de duración inferior a un año .  

Tampoco acepta que se pueda dejar esta materia a lo que establezca un contrato de trabajo, que en realidad es usado por la empresa para suprimir ese derecho. Igualmente, muestra su preocupación por la situación de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, que la legislación no asegura derechos concretos en esta materia, por lo que pide información expresa al Gobierno.

3.El Comité constata el incumplimiento del Gobierno del derecho de libertad sindical, al no haber establecido un procedimiento de consulta con las organizaciones sindicales ante de aprobar la reforma laboral. El Comité concluye que la situación en España no está en conformidad con el artículo 6§2 de la Carta de 1961, entre otro motivos, por haberse aprobado el RDL 3/2012 y la Ley 3/2012, que afectaban de forma muy directa a la negociación colectiva, sin consulta de los sindicatos y las organizaciones patronales. Declara que “el Comité considera en este contexto que las medidas adoptadas en España son desproporcionadas en relación con los objetivos perseguidos y, por tanto, no cumplen con las condiciones establecidas por el artículo 31 de la Carta de 1961.” 

En relación con la primacía del convenio de empresa que impuso laboral, igualmente constata que eso no puede significar que se supriman derechos de los trabajadores que esté establecido en convenio de ámbito superior, por lo que pide información sobre como se aplica en la práctica la reforma laboral en este punto. Solo considera legítima la primacía del convenio de empresa si es en realidad una decisión asumida por los propios sindicatos, lo que significa que no es legítimo cuando se negocia al margen de las organizaciones sindicales. 

Además, concluye que la reforma laboral –La Ley 3/2012- no es conforme con la Carta Social Europea, pues  “permite a los empleadores de manera unilateral no aplicar condiciones pactadas en los convenios colectivos” como sucede en el art. 41 del ET con los pactos y acuerdos de empresa.

4. La restricción del derecho de huelga y la criminalización de la actividad sindical. El derecho de huelga tiene restricciones indebidas por el Gobierno, que son contrarias al artículo 6§4 de la Carta de 1961, sobre la base de que la legislación autoriza al Gobierno a imponer el arbitraje obligatorio para poner fin a una huelga en los casos que van más allá de las excepciones permitidas por el artículo 31 de la 1961 Carta. De esta forma, el derecho de huelga sufre una importante restricción pues la autoridad gubernativa puede dejarlo sin efecto a través de una medida que no está suficientemente justificada en las razones excepcionales que permite la propia Carta. Además, el Comité toma nota de las denuncias formuladas por las organizaciones sindicales sobre la criminalización de la actividad de los piquetes informativos, por lo que pide al Gobierno información al respecto a fin de evaluar si se vulnera igualmente la libertad sindical. 

5. Regulación de la jornada flexible. Reprocha que nuestra legislación establezca, para la distribución de la jornada flexible, períodos de referencia de un año, como en el establecimiento de la jornada máxima anual, o en la determinación de la jornada irregular que puede libremente imponer el empresario tras la reforma laboral. Dice que “Los períodos de referencia no deben exceder de seis meses. 

Ellos podrán ampliarse a un máximo de un año en circunstancias excepcionales.” Por ello pide información para constatar si “en la práctica, los trabajadores en las modalidades de trabajo flexibles de tiempo con largos períodos de referencia no trabajan horas irrazonables o un excesivo número de semanas de trabajo prolongado”.

Además, rechaza que el tiempo de atención continuada, en el ámbito de los profesionales sanitarios, no puede considerarse como tiempo de descanso. Por ello entiende que nuestra legislación incorpora tal grado de flexibilidad en la jornada de trabajo que no impide que existan jornadas superiores a las 60 horas de trabajo a la semana, lo que incumple el artículo 2§1 de la Carta de 1961. 

6. Medidas compensatorias para trabajadores en puestos con riesgos para la salud. El Comité considera que España incumple la obligación de asegurar que todos los trabajadores expuestos a los riesgos para la salud y la seguridad tienen derecho a medidas compensatorias, como reducción de las horas de trabajo, tiempo de exposición o de permiso pagado adicional, lo que implica la vulneración del artículo 2§4 de la Carta de 1961. Esta norma exige que a los trabajadores y trabajadoras que desarrollan su actividad en puestos peligrosos para la salud, se les de tiempo suficiente y regular para recuperarse del estrés o la fatiga. 

Esto debe lograrse sobre todo a través de una reducción de jornada o tiempos de exposición, o mediante la concesión de una licencia adicional pagado. Sin embargo, nuestra legislación ha ido introduciendo una completa flexibilidad en esta materia, y no establece ninguna garantía legal.  

7. Horas Extraordinarias. En materia de horas extraordinarias, se concluye que España no está en conformidad con el artículo 4§2 de la Carta de 1961, sobre la base de que el Estatuto de los Trabajadores no garantiza una mayor remuneración o un mayor tiempo libre compensatorio de las horas Extraordinarias.

UGT y CCOO comprometimos una lucha en todos los frentes contra la reforma laboral de 2012 y es lo que hemos hecho y estamos haciendo.

Primero con movilizaciones, Huelga General incluida, después promoviendo recursos de inconstitucionalidad a través de los grupos parlamentarios, y con los de la izquierda en particular. También acudiendo a los tribunales españoles así como empleándonos a fondo en la negociación colectiva y el diálogo social. Y, por supuesto, acudiendo a instancias internacionales como la OIT o, en este caso, al Consejo de Europa a través de su CEDS.

Aunque la lucha no parará hasta que consigamos que se derogue por completo, hoy queremos celebrar esta importante resolución como un elemento de esperanza pues, la lucha, aunque a veces más tarde de lo deseado, siempre proporciona resultados.

La conclusión práctica sólo puede ser una reforma urgente de nuestro marco laboral, y una garantía efectiva de los derechos sociales y laborales protegidos por la Carta Social Europea, y otras normas internacionales. 

Además, desde las organizaciones sindicales vamos a reclamar el cumplimiento directo de la Carta Social, como norma jurídica vinculante que desplaza la legislación interna en el reconocimiento de los derechos económicos y laborales, tal y como han sido establecidos por el Comité Europeo de Derechos Sociales.

Es lamentable es que en el mismo día en el que el Comité Europeo de Derechos Sociales da a conocer la condena a España por vulnerar sus compromisos internacionales, el Tribunal Constitucional haga pública una Sentencia en la que, de nuevo, la mayoría de ese Tribunal viene a declarar que la reforma laboral es compatible con la Constitución. Eso sólo quiere decir que la lectura que hacen de nuestra Constitución está por debajo de los estándares europeos e internacionales en materia de derechos sociales y laborales, y sólo constata, lo trasnochado de nuestras instituciones a la hora de responder a las demandas sociales.

Por todo ello, CCOO y UGT exigimos al Gobierno:

  • que atienda el requerimiento del Consejo de Europa y el CEDS e inicie el procedimiento para modificar la legislación impugnada.

  • para ello que convoque a los interlocutores sociales.

  • que active el proceso de ratificación por España de la Carta Social Europea Revisada que firmó el gobierno Aznar en el año 2000, así como el Protocolo de Reclamaciones Colectivas para completar los mecanismos de reconocimiento de derechos de la CSE en nuestro país.

Estas actuaciones pondrán en evidencia que,

 - España es un país europeísta y con vocación de ser un país relevante en la UE y que
 - Europa no solo trae malas noticias a los ciudadanos españoles sino también derechos.
 
 

El Tribunal Constitucional avala la reforma laboral del PP

El TC avala la reforma laboralEl Tribunal Constitucional avala la reforma laboral del PP que va en contra de derechos laborales y sociales internacionales.

El sentido del fallo de la Sentencia se da a conocer el mismo día en que el Comité Europeo de Derechos Sociales ha condenado a España por vulnerar sus compromisos internacionales. Sin embargo, nuestro propio Tribunal Constitucional, haciendo una lectura de nuestra Norma Fundamental por debajo de los estándares europeos e internacionales en materia de derechos sociales y laborales, viene a declarar que la reforma laboral es compatible con el texto constitucional.

La reforma laboral impuesta en 2012, por el Real Decreto-Ley 3/2012, y posteriormente recogida en la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, originó la presentación de dos recursos de inconstitucionalidad, uno por parte del Parlamento de Navarra y otro, por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario Izquierda Plural  ambos admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional el día 30 de octubre de 2012.

El pasado 16 de julio, el Tribunal Constitucional dictó Sentencia desestimando el recurso interpuesto por el Parlamento de Navarra. En el día de hoy, se ha publicado en la prensa, que igualmente el Tribunal Constitucional desestima el recurso interpuesto por los Grupos Parlamentarios  PSOE e Izquierda Plural, por nueve votos a favor y tres en contra, sin que hasta el momento sea conocido el fallo ni la posible existencia de votos particulares. 

El sentido del fallo de la Sentencia se da a conocer en el mismo día en que el Comité Europeo de Derechos Sociales ha condenado a España por vulnerar sus compromisos internacionales, sin embargo, nuestro propio Tribunal Constitucional, haciendo una lectura de nuestra Norma Fundamental por debajo de los estándares europeos e internacionales en materia de derechos sociales y laborales, viene  a declarar que la reforma laboral es compatible con el texto constitucional.

Hasta que el fallo de la sentencia sea notificado, habrá que esperar a hacer una valoración en relación al resto de cuestionamientos planteados por PSOE e Izquierda Plural como los  relativos a la definición de las causas económicas dada por la Ley 3/2012 o la regulación de los ERE en la Administración. 

Hasta entonces, y en cualquier caso, tal y  como venimos manifestando desde las reformas operadas por la Ley 3/2012,  para UGT y CCOO:

  • La Sentencia viene a ratificar la pérdida de poder de la negociación colectiva como instrumento de regulación de las relaciones laborales frente al poder unilateral del empresario, obviando el papel que la misma tiene que desempeñar en nuestro Estado Social y democrático de Derecho.

  • Declarar la constitucionalidad de la inaplicación de las condiciones de trabajo de los convenios colectivos en las empresas, y la preferencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial en aspectos que afectan esencialmente a las condiciones de trabajo, hace una interpretación de la Constitución que menoscaba gravemente el derecho a la negociación colectiva que, junto al de libertad sindical y de huelga se erigen en un baluarte constitucional para la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores.

  • Permitir que se inaplique un convenio colectivo simplemente con el Voto de la Administración, en un órgano administrativo, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC), es retrotraernos a la época franquista de las relaciones laborales e ignorar el pronunciamiento de la Organización Internacional de Trabajo (OIT ) en la Queja presentada por CCOO y UGT sobre la reforma laboral que expresamente ha señalado que: “para conseguir y conservar la confianza de la partes, todo sistema de arbitraje debería ser realmente independiente, es decir que los resultados de los arbitrajes no deberían ser predeterminados por criterios legislativos.”

  • Declarar la constitucionalidad del contrato de apoyo a los emprendedores, significa la posibilidad del despido sin causa la rotación aún mayor si cabe en el mercado de trabajo, y que los trabajadores y trabajadores de este país no puedan desarrollar una vida con estabilidad, ante la incertidumbre de ser contratados bajo una modalidad de contratación con una organización del trabajo absolutamente discrecional.

  • El actual fallo del TC que examina de nuevo aspectos parciales de la reforma del 2012, ha venido condicionado por los pronunciamientos anteriores que se realizaron con una fórmula de  “despiece” previo, en lugar de haberse resuelto de una forma global. Atendiendo a que determinados aspectos, pueden no haber tenido  en cuenta estándares mínimos de derecho internacional, cuando conozcamos la sentencia estudiaremos las reclamaciones que a nivel internacional pudieran proceder.

 

 

Hay que impulsar las políticas activas de empleo, reforzando los Servicios Públicos de Empleo

Hay que impulsar las políticas activas de empleo, reforzando los Servicios Públicos de EmpleoUGT muestra su preocupación por el aumento del paro y la reducción de la afiliación a la Seguridad Social, en enero, y no descarta que detrás del positivo descenso del paro, a nivel anual, esté el efecto desánimo: cada vez hay más parados sin ningún tipo de cobertura, se extiende el paro de larga duración y prosiguen los procesos de emigración, sobre todo de nuestros jóvenes. 

El sindicato destaca que el 91,2% de los contratos registrados en enero son temporales y más del 31% a tiempo parcial y exige el refuerzo de políticas activas de empleo y de intermediación. 

En este sentido, advierte que es preciso reforzar los recursos de los Servicios Públicos de Empleo, para que mejoren la empleabilidad y la formación y faciliten la inserción permanente de los desempleados, en lugar de seguir subvencionando al sector privado, mediante bonificaciones a la contratación. Por último, insta al Gobierno a que no retrase la recuperación de nuestro mercado de trabajo y ponga en marcha proyectos como el Plan de Garantía Juvenil o el Programa de Activación para el Empleo.

En Asturias el número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo subió en enero respecto a diciembre en 2.880 personas, el 2,98 por ciento, hasta un total de 99.514, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En comparación con enero de 2014, el paro registrado en el Principado ha bajado en 5.218 personas, el 4,98 por ciento.

En el primer mes del año el paro subió en Asturias en todos los sectores económicos, aunque lo hizo en mayor medida en servicios, con un aumento de 2.526 personas, hasta un total de 67.228 parados. También subió en la industria, en 203 personas, hasta 9.434; en la construcción, en 95, hasta 12.482, y en la agricultura, en 64 desempleados, hasta 1.835. En cambio, el paro entre el colectivo sin empleo anterior se redujo en 8 personas, hasta 8.535.

El paro entre las mujeres subió en 2.030 personas, hasta 51.887, mientras que entre los hombres lo hizo en 850, hasta 47.627.

El paro entre el colectivo extranjero subió en enero en 126 personas, el 1,92 por ciento, hasta 6.700 desempleados, con lo que el balance de los últimos doce meses arroja un repunte de 21 personas, el 0,31 por ciento.

Respecto a la contratación, Asturias contabilizó en enero 22.218 contratos, el 0,94 por ciento menos que en diciembre, aunque el 10 por ciento más que hace un año. De ese total, 20.224 fueron temporales y 1.994, indefinidos. El número de contratos indefinidos aumentó el 25,3 por ciento respecto a diciembre y el 26 por ciento en comparación con enero de 2014, mientras que el de los temporales bajó el 2,9 por ciento en el último mes y subió el 8,7 por ciento en tasa interanual.

En el ámbito nacional comienza 2015 con 4.525.691 parados registrados, según los datos publicados hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para el mes de enero.

Esta cifra supone un aumento intermensual de 77.980 personas con respecto a diciembre (1,75%) y en términos interanuales el dato sigue mostrando un descenso del 6% es decir, 288.744 parados registrados menos que en el mes de enero de 2014. En términos desestacionalizados la reducción es de 42.723 personas.

  • En este comienzo del año se ha incrementado el desempleo masculino un 1,2% y en mayor medida el femenino (un 2,25%). No obstante, desde enero de 2014 se han reducido ambos (un -8,54% en el caso de los hombres y un 3,6% entre las mujeres).
  • En enero continuaban registrados 384.932 jóvenes. El desempleo entre los menores de 25 años ha descendido un 0,78% mensual (3.018 parados jóvenes menos en este mes) y en términos anuales un 10,29% (-44.155 jóvenes).
  • Por sectores de actividad, el paro registrado en enero aumenta en la agricultura (un 7,46%) y en los servicios (un 2,68%), dando fin a la campaña de Navidad. En el resto se reduce: en la construcción un 1,45%, en la industria un 0,17% y en el grupo sin empleo anterior un 1,6%.
  • En términos anuales en el sector agrícola es el único donde aumenta, un 9,71%, el desempleo. Mientras, desciende en la construcción (-17,55%), la industria (-11,68%), los servicios  (-4,32%) y el colectivo sin empleo anterior (-0,66%).
  • Por lo que respecta a los trabajadores extranjeros, el número de desempleados sigue la tendencia de crecimiento y sube en el mes un 2,3% (debido tanto al aumento del paro masculino como femenino), hasta alcanzar la cifra de 543.199 personas, aunque en la variación anual se observa un descenso del 4,64%.
  • El número total de contratos registrados en enero decrece un 1,18% respecto a diciembre, situándose la cifra total en 1.367.795 contratos firmados. Cabe destacar la caída mensual de la contratación temporal (un 2,85%) y el incremento de la indefinida (un 20,42%).
  • Si lo comparamos con los registrados en el mismo mes del año anterior, el volumen de contratos se incrementa un 8,62%: un 22,24% los indefinidos y un 7,47% los temporales. La proporción de indefinidos sobre el total de contratos se sitúa en el 8,8%.
  • En un año, los contratos temporales a tiempo parcial han crecido un 12,57%, mientras los temporales a tiempo completo sólo lo han hecho en un 5,26%.
  • Desde enero de 2014 aumenta un 24,89% la contratación indefinida a
    tiempo completo y un 17,9% la indefinida a tiempo parcial.
  • El peso de los contratos a tiempo parcial sobre el total de contratos es del 31,6%.
  • El contrato para emprendedores disminuye otra vez, un 3,9% mensual, pasando de 8.581 contratos en diciembre a 8.248 en enero.
  • La afiliación a la Seguridad Social se sitúa en 16.575.312 cotizantes, 199.902 menos que en diciembre de 2014 (un 1,2%). En el año, se han afiliado 401.703 personas más (un 2,48%).
  • El número de beneficiarios de prestaciones cierra diciembre con una nueva caída anual del 11,9%. Persisten los descensos, rebajando la tasa de cobertura al 57,61%, 6,2 puntos menos que un año antes.

Conclusiones:

  • UGT muestra su preocupación por las cifras publicadas hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a pesar de su positiva evolución anual. El primer mes del año evidencia la finalización de la campaña navideña y, como consecuencia, un aumento del paro junto a una reducción de la afiliación a la Seguridad Social.
  • UGT no descarta que los mejores resultados del registro del desempleo sigan guardando relación con un efecto desánimo entre los desempleados. El descenso continuado de la tasa de cobertura (del 70,6% en 2011 al 57,6% en diciembre) y la extensión del paro de larga duración (cifrada en la EPA del pasado 22 de enero en un 61,4%), junto a los procesos de emigración, podrían ser parte de este “adelgazamiento de las cifras de desempleo”, en especial entre los grupos de jóvenes.
  • No obstante, aumenta la contratación indefinida en un año (22,24%), y también la temporal (7,47%) y es positivo el hecho de que la tendencia de reducción interanual del paro se mantenga (desciende el paro un 6%, en 288.744 personas), así como la serie desestacionalizada del registro del paro y de la afiliación a la Seguridad Social (crece la afiliación en 12.613 personas), que continúan exhibiendo mejoras.
  • Hay que considerar que en enero un 91,2% de los contratos que se registran son temporales y más del 31% a tiempo parcial (3 puntos más que en enero de 2012). Y en este sentido, no se puede olvidar que la mejora de la calidad en el empleo en este contexto, es fundamental para el sostenimiento de la recuperación del consumo y de la economía en su conjunto.
  • Para UGT es urgente poner en marcha las políticas activas del mercado de trabajo. Los cambios normativos y de funcionamiento implantados por el Gobierno, que ofrecen un campo de actuación al sector privado en la intermediación, están suponiendo un deterioro de los servicios públicos de empleo, que cuentan con menores recursos técnicos y humanos para hacer frente a las políticas de empleo. Al mismo tiempo, el Gobierno viene apostando por proyectos que aún no se han puesto en marcha (es el caso del Plan de Garantía Juvenil, el proyecto de colaboración con Agencias Privadas de Colocación y el reciente Programa de Activación Empleo) y que, como consecuencia, retrasan los resultados en nuestro mercado de trabajo.
  • En este sentido, resulta necesario reforzar las políticas activas de empleo y de intermediación, que no deben estar orientadas únicamente a subvencionar al sector privado, mediante bonificaciones a la contratación y acceso de las Agencias Privadas de Colocación a la intermediación. Hay que poner en marcha medidas de creación de empleo con recursos adicionales para los servicios públicos de empleo para mejorar la empleabilidad y la formación, y lograr la inserción permanente de los desempleados.

Conoce tus derechos

Conoce tus derechosLa campaña informativa de UGT  “Únete, Conoce tus Derechos” está destinada a mejorar el conocimiento de los trabajadores sobre la normativa laboral básica por la que se rigen las relaciones individuales entre el trabajador y su empresa. La campaña se inicia con nueve videos divulgativos en los que abogados de UGT explican de forma clara y concisa la regulación de aspectos básicos de la relación laboral, desde la entrevista de trabajo hasta el despido y la solicitud de las prestaciones o subsidios de desempleo, pasando por los tipos de contrato de trabajo, los conceptos de la nómina, la regulación de los días libres y vacaciones, la incapacidad temporal, etc… La campaña tiene como objetivo afrontar la exponencial degradación provocada en nuestro mercado de trabajo por las reformas laborales, el desempleo y la falta de expectativas que está llevando a muchos trabajadores a aceptar cualquier tipo de trabajo, regular o no, y a la proliferación de situaciones irregulares, ilegales o abusivas.

La campaña, se desarrolla prioritariamente a través de internet, dado que la Red se ha convertido en la principal herramienta para la búsqueda de información de la población en general, y de la población joven en particular.

UGT ha considerado tradicionalmente que la mejor forma de asesorar a un trabajador sobre su relación laboral (especialmente en los momentos de firma de contrato y despidos, o en aquellas ocasiones en las que surgen problemas) era de forma directa y personalizada, dado que el Derecho del Trabajo y la normativa laboral son ámbitos que requieren especialización. En consecuencia, la información y asesoramiento a los trabajadores se ha venido realizando a través de las secciones sindicales, los delegados electos, o los servicios jurídicos del Sindicato.

La crisis económica ha tenido, sin embargo, algunas consecuencias sobre la configuración del mercado de trabajo español:

  • Muchos trabajadores, de larga trayectoria laboral, bien formados e informados sobre sus derechos y la ordenación de las relaciones de trabajo, se han jubilado, prejubilado, o han sido despedidos. Sus conocimientos les convertían en referencia y fuente de información para los compañeros más jóvenes y con menos experiencia en las relaciones laborales.

  • El trabajo de asesoramiento que realizan las secciones sindicales y los delegados sindicales electos (que conocen la normativa laboral y los acuerdos que ellos mismos negocian con las empresas) alcanza con muchas dificultades a los trabajadores de las empresas subcontratadas, y a los trabajadores temporales y parciales con altos niveles de rotación.

  • La atomización del sistema productivo español hace que buena parte de los trabajadores lo haga para una pequeña y mediana empresa, en la que la presencia sindical es imposible, legalmente, o muy difícil, dejando a estos trabajadores sin posibilidad de recibir asesoramiento en su centro de trabajo.

  • Se han producido cambios sustanciales en las normas que regulan las condiciones de trabajo como consecuencia de las sucesivas reformas de los gobiernos durante los años de crisis, que han supuesto la eliminación de sistemas automáticos de protección de los derechos de los trabajadores y de sus condiciones laborales (cláusulas de revisión, ultractividad de convenios, etc.)

  • La precarización de las condiciones de trabajo, la falta de empleo y de expectativas de encontrarlo, está abocando a miles de trabajadores a aceptar ocupaciones casi con cualquier condición, e incluso sin condiciones, que les sitúan directamente fuera del mercado laboral, o en una falsa legalidad porque en la práctica ni sus contratos, ni sus salarios, ni su condiciones laborales se corresponde con la ley.

  • En este contexto, UGT considera una necesidad ineludible realizar todos los esfuerzos posibles para que dualquier trabajador pueda conocer, aunque sea de forma genérica, informaciones fundamentales que le capaciten para abordar su relación de trabajo en las condiciones más igualitarias posibles frente a su empleador, al menos en términos de información, y pueda evitar irregularidades o abusos.

    Presentación de la campaña
    Jornada, días libres y vacaciones
    Prestación por desempleo
    Trabajo a tiempo parcial
    Baja por enfermedad
    Contrato de trabajo
    Entrevista de trabajo
    Despido  laboral
    Horas extras
    La nómina

     

     

    En defensa de las libertades y del derecho a huelga

    Concentración 18 febreroEl derecho a huelga es un derecho fundamental reconocido en casi todos los países del mundo. La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha convocado una jornada de acción mundial el próximo 18 de febrero contra la posición del grupo de empleadores en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que intentan acabar con este derecho.

    Las Confederaciones Sindicales de la Unión General de Trabajadores (UGT) y de Comisiones Obreras (CCOO) consideramos que en España tenemos razones suficientes para movilizarnos por este motivo. Se han criminalizado las actuaciones de 300 sindicalistas en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, entre ellos los cinco trabajadores de Arcelor en Asturias que, tras recurrir la sentencia condenatoria que suma más de 21 años de prisión, están protagonizando diversas movilizaciones o los ocho trabajadores de Airbus en Madrid a los que el fiscal pide 64 años de cárcel.

    Además se está tramitando actualmente en el Congreso y en el Senado la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana que suponen más recortes a los derechos fundamentales.

    CCOO y UGT convocaremos manifestaciones el 18 de febrero en toda España porque estamos asistiendo a un retroceso inaceptable de las libertades públicas y de las vías de participación democrática. Nos oponemos a este intento de restringir derechos fundamentales, basándonos en los principios democráticos que emanan de la Constitución, y reclamamos la derogación del art. 315.3 del Código Penal, que vulnera el ejercicio del derecho de huelga.

    Ambas reformas incorporan nuevas restricciones al ejercicio de derechos democráticos y libertades civiles, y dan continuidad a la ofensiva contra el derecho de huelga que ha llevado a encausar a trabajadores y trabajadoras y representantes sindicales, por la defensa colectiva de sus derechos.

    El marcado carácter ideológico de esta reforma persigue un único objetivo: cercenar las libertades democráticas para acallar la protesta social y el ejercicio de las mismas frente a las políticas de recortes, restrictivas y antisociales del Gobierno.

    El proyecto del Código Penal incorpora una amplia modificación de toda una serie de figuras que se encuadran en lo que se llaman los “Delitos contra el orden público”. El derecho de reunión y el de manifestación son dos de ellos, y el derecho de huelga es una herramienta imprescindible de la libertad sindical. Criminalizar tales derechos supone convertir el conflicto social y el laboral en un continuo conflicto de orden público.

    La sanción penal, siempre la última en un sistema democrático, va a ser ahora la regla general, porque permitirá sancionar comportamientos que, hasta el momento, o eran irrelevantes penalmente, o solo tenían un tratamiento sancionador administrativo. Estamos en un terreno claro de endurecimiento de la respuesta penal ante las expresiones del conflicto social y las vías de protesta ciudadana.

    Es inaceptable que el Gobierno pretenda incorporar, a través de estas reformas, nuevas restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales que mejor definen un sistema democrático, y que son el cauce de participación social en los asuntos públicos, así como la expresión del pluralismo político e ideológico.

    Además, la incorporación de la prisión permanente revisable, con claros visos de inconstitucionalidad, reservada a delitos de excepcional gravedad, el sistema de medidas de seguridad, la revisión de la regulación del delito continuado, la regulación de la suspensión y de la sustitución de las penas privativas de libertad, la introducción de un nuevo régimen de suspensión, la supresión del Libro III del Código

    Penal (Faltas y sus penas), salvo algunas faltas que se incorporan al Libro II, como delitos leves, aumentando el sistema de sanciones administrativas y civiles, no solo vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, sino que tienen una clara finalidad de intimidación a las organizaciones convocantes de las manifestaciones, protestas y concentraciones, y también un objetivo recaudatorio.

    UGT y CCOO REIVINDICAMOS:

    La derogación del apartado tercero del artículo 315 del Código Penal.

    La retirada del proyecto de reforma del Código Penal y la retirada de la modificación

    del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana.

    Las reformas anunciadas limitan las libertades ciudadanas y, lejos de ofrecer vías de integración y de expresión articulada de los conflictos sociales, optan por una legislación represiva.

    Cartel

    Manifiesto

     

     

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