La Garantía Juvenil solo cubre al 7,2% de los jóvenes desempleados

La Garantía Juvenil solo cubre al 7,2% de los jóvenes desempleadosSolo el 7,2% de los jóvenes inscritos como desempleados están cubiertos por el Plan de Garantía Juvenil (28.037), cuando hay 387.501 menores de 25 años registrados como desempleados y 762.800 que lleva más de un mes buscando un trabajo, según datos de la EPA en el IV trimestre de 2014. Para UGT y CCOO, los obstáculos para darse de alta en registro mediante procedimiento informático dificultan la puesta en marcha y funcionamiento del Plan de Garantía juvenil. 

Asimismo, el poco impacto que está teniendo, evidencia la poca incidencia que tienen medidas como las bonificaciones a las empresas o el error que supone vincular la atención y seguimiento a las Agencias de colocación, en lugar de a los Servicios Públicos de Empleo, ya que esto impide que los jóvenes inscritos cuenten con itinerarios personalizados en la búsqueda de un empleo, por lo que demandan al Ministerio de Empleo una reunión de evaluación con el fin de reactivar este plan y mejorar el empleo de los jóvenes de nuestro país. 

UGT y CCOO han demandado por carta a la Secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, una reunión de evaluación del Plan de Garantía Juvenil en el seno del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, debido a la escasa repercusión de este plan en el empleo de los jóvenes menores de 25 años.

Ambas organizaciones denuncian que bajo la Garantía Juvenil solo está un 7,2% de los jóvenes inscritos como desempleados (28.037 a 28 de febrero), cuando hay 387.501 menores de 25 años registrados como desempleados y 762.800 que lleva más de un mes buscando un empleo, según datos de la EPA (IV Trimestre 2014). 

De esta forma, con una tasa de paro que ha llegado a situarse en casi un 57% al inicio de 2013 y que ahora se mantiene en el 51,8%, exactamente igual que en 2012, esta iniciativa pretendía dar soluciones al problema del desempleo juvenil, con el fin de que pudieran recibir en un plazo máximo de cuatro meses una oferta de empleo, de educación o formación, tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados. 

Pero, para UGT y CCOO, existen varios elementos que dificultan su funcionamiento, como los obstáculos para darse de alta en el registro mediante el procedimiento informático; y se constata que la política de bonificaciones a las empresas que se olvida de las necesidades reales de los jóvenes y que no pone en marcha medidas que mejoren de manera real la empleabilidad de los jóvenes.

Además, las acciones de formación son casi inexistentes, la paralización de la puesta en marcha de las Agencias de Colocación está impidiendo que los jóvenes inscritos cuenten con itinerarios personalizados y se extiende el efecto desánimo entre este colectivo, borrándose de las listas de los Servicios Públicos de Empleo. 

Por ello, ambas organizaciones demandan esta reunión con el fin de reflexionar sobre las políticas de empleo y plantear la manera de poner en marcha definitivamente unas políticas activas que no se basen en subvencionar al sector privado y que mejoren el empleo, en este caso, de los jóvenes de nuestro país.

UGT responde a sus afiliados en su 2ª Asamblea Confederal Consultiva

UGT da respuesta a preguntas de sus afiliados en su 2ª Asamblea Confederal ConsultivaEl sindicato ha realizado una consulta entre los afiliados para decidir el contenido de la asamblea y dar respuesta, durante el desarrollo del acto, a sus inquietudes, preocupaciones y dudas en el día a día. 

1.500 afiliados procedentes de las Comunidades Autónomas participarán el sábado, día 14 de marzo, en la segunda Asamblea Confederal Consultiva del sindicato. Desde Asturias 79 representantes estarán presentes en esta asamblea.

El acto, que tendrá lugar en el Pabellón Multiusos del Complejo Duques de Pastrana, obedece a la puesta en marcha de los objetivos definidos en el Programa de Acción confeccionado para el 41º Congreso Confederal en aras de mejorar la participación y promover el debate y una mayor implicación de los organismos de base del sindicato, estructuras sindicales y secciones sindicales. 

La iniciativa, que englobará a las diferentes estructuras y representantes de la organización, pretende que los afiliados participen de primera mano en los planteamientos de las distintas políticas confederales, de los análisis que cada situación requiera y se informen y sean informados de la marcha de la organización. 

El sindicato realizó una consulta entre sus afiliados para que fueran ellos quienes decidieran el orden del día de la Asamblea. Se les solicitó que formularan de forma libre preguntas dirigidas a sus federaciones o sectores y a la Comisión Ejecutiva Confederal, o bien que señalaran de una relación de temas, las cuestiones que les parecían más relevantes.

Las preguntas se han agrupado por temas sectoriales y generales –política sindical, negociación colectiva, regeneración y perfil reivindicativo del sindicato, reestructuración del sindicato, cuestiones de organización y democracia interna, éticas y de transparencia- serán planteadas por delegados sindicales de secciones sindicales de empresas de todo el territorio a lo largo de la Asamblea y serán contestadas por los dirigentes que intervengan en el acto.

Con este instrumento de acción, la Unión General de Trabajadores pretende mejorar la eficacia en la defensa de los derechos de los trabajadores, fortalecer la base democrática de la organización y establecer nuevas fórmulas para mejorar la atención a los afiliados.  

Los resultados de esta consulta, realizada entre los días 9 y 18 de febrero, forman parte del marco sindical de cambios que el sindicato va a desarrollar de cara al  próximo congreso confederal ordinario que el sindicato convocará en el comité de mayo. 

Sobre un posible III AENC y la situación de la negociación colectiva

AENCEn relación al actual proceso de negociaciones de un eventual III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), las confederaciones sindicales de la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras hacen las siguientes consideraciones:

 1.- En la incipiente etapa expansiva en la que ha entrado la economía española, la negociación colectiva debe promover una mejora de los salarios de los trabajadores y trabajadoras en términos reales. Esto es clave para impulsar y consolidar el crecimiento económico y una cuestión de justicia social. 

El pasado II AENC 2012-2014 incluyó unos criterios salariales coherentes con la fase de intensa crisis que atravesaba la economía española, que se traducían en un importante sacrificio de los salarios para ampliar los márgenes empresariales y que estos pudieran dedicarse a fortalecer su posición financiera e inversora y, en último término, mantener el empleo de las empresas. Este esfuerzo supuso una pérdida de poder de compra para los asalariados de nuestro país, que, al menos parcialmente, sirvió para contener la destrucción de empleo en muchas empresas y mejorar su posición competitiva vía costes. 

Sin embargo, este acuerdo era necesariamente coyuntural y extraordinario, como las circunstancias que lo justificaron. Ahora el ciclo económico ha cambiado, y los criterios de actualización salarial deben acomodarse a esta nueva fase. La expansión debe traducirse en una mejora tanto de los beneficios de las empresas como de los salarios. Los trabajadores deben participar también de esta etapa de bonanza, recuperando lo perdido en los años anteriores. 

Los criterios salariales para 2015 y 2016 deben asegurar esa mejora en términos reales. Por eso los sindicatos hemos defendido que los aumentos salariales se referencien a la productividad nominal de cada ámbito de negociación (productividad real más inflación), que es la variable que mejor refleja la situación productiva los mismos. Y siempre teniendo en cuenta las particularidades de cada sector y empresa. Otras referencias, como el PIB, resultan más arbitrarias e incompletas, puesto que no tiene en cuenta ni la evolución del empleo ni la de los precios, ambas clave para convertir a la negociación colectiva en un instrumento también útil para combatir el elevado desempleo. 

Ambas confederaciones no podemos aceptar criterios de revalorización salarial que puedan suponer pérdida de poder de compra para los trabajadores en 2015 o 2016. Ni aumentos inferiores a los planteados para la etapa de crisis anterior. Y eso es lo que está defendiendo hasta el momento la patronal. Su propuesta para 2015 y 2016 es inferior incluso a la hubiera operado con los criterios establecidos en el II AENC, establecidos para una etapa de crisis muy diferente a la actual: con ellos, en 2015 el aumento sería del 1%, y en 2016 del 1,5%, a lo que se añadirían incrementos adicionales en función de los resultados de las empresas.

Además, las principales instituciones de análisis prevén que la inflación en 2016 se sitúe entre el 1 y el 1,5% en media anual. Por ello, aumentos como los propuestos por las organizaciones empresariales (inferiores al 1%) supondrían que los asalariados perderían de nuevo poder de compra, en un año en que la economía estaría en plena fase expansiva, con tasas de crecimiento de más del 2%. Por ello, CCOO y UGT reclamamos que, con independencia de cuál sea la referencia utilizada finalmente para fijar el dígito de incremento salarial inicial, los convenios deben incorporar una cláusula de garantía que evite que los salarios pierdan poder de compra. 

2.- Dar solución al problema de la desaparición de convenios (ultraactividad), impidiendo la existencia de vacíos de cobertura, es fundamental para el adecuado desarrollo de las relaciones laborales. 

La reforma laboral del 2012 está produciendo  un preocupante vacío en la regulación de las condiciones de trabajo fijadas por convenio colectivo, puesto que la norma establece la pérdida de la ultraactividad del convenio, tras un año desde su denuncia sin haberse alcanzado acuerdo.

La sentencia del Tribunal Supremo, de diciembre del año pasado, evidencia los graves desequilibrios dentro de la plantilla de una misma empresa que conlleva la pérdida de ultraactividad, principalmente cuando no existe un convenio aplicable de ámbito superior, situación no resuelta por la ley.

De ahí la necesidad de alcanzar un Acuerdo Interconfederal, de carácter normativo, para prorrogar la ultraactividad de los convenios. Acuerdo que podría acompañar al III AENC y permitiría garantizar la pervivencia del convenio vencido, dar seguridad jurídica en la regulación de las relaciones laborales y, en definitiva, evitar las notables disfunciones y dificultades que, en el desarrollo de dichas relaciones, ha provocado la reforma laboral.

3.- Es necesario fortalecer la negociación colectiva y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Por eso UGT y CCOO vamos a impulsar una campaña en defensa de la negociación colectiva, la mejora de los salarios y el empleo de calidad. 

Las confederaciones de CCOO y UGT queremos manifestar nuestra preocupación por la situación de estancamiento de la negociación colectiva, que tiene importantes consecuencias sobre las condiciones laborales de millones de trabajadores. Con datos hasta febrero de 2015, y en base a la cobertura de convenios de 2012 -último año consolidado- aún falta por cerrarse la negociación colectiva de 2013 para el 13% de los trabajadores, y para el 45% de 2014. En 2015 apenas si se han cerrado convenios para el 16% de los trabajadores. 

La recuperación económica, para que sea sólida y equilibrada, requiere que sea percibida por las familias, para que puedan mejorar su posición financiera y aumentar el consumo. Y para esto es imprescindible aumentar el empleo y que los trabajadores que ya tienen uno perciban que mejoran sus condiciones laborales y su salario. Aumentar los salarios reales dentro de los márgenes de la productividad nominal, impulsa la creación de empleo a través del aumento del consumo de las familias y la inversión de las empresas.

Por eso ambas confederaciones sindicales vamos a desarrollar una campaña conjunta en defensa de la negociación colectiva, del empleo de calidad y de la mejora real de los salarios. 

"Nada puede cambiarse si no se afronta"

Julio Lacuerda: "Nada puede cambiarse si no se afronta" UGT celebró su 2ª Asamblea consultiva, una iniciativa, que engloba a las diferentes estructuras y representantes de la organización y obedece a la puesta en marcha de los objetivos definidos en el Programa de Acción confeccionado para el 41º Congreso Confederal en aras de mejorar la participación y promover el debate y una mayor implicación de los organismos de base del sindicato.

En el ámbito público se han recibido 84 preguntas, mayoritariamente relativas a la pérdida de derechos sufrida por los empleados públicos, a los salarios, y al deterioro de los servicios, especialmente la Sanidad.

Muchas también referidas a problemáticas muy concretas de trabajadores de correos, policía local, algunas relacionadas con Muface, pero todos ellos tienen un denominador común: la pérdida de derechos y la pregunta central cuándo les van a ser restituidos. Las preguntas elegidas han sido:

1.- “Sobre la crisis y los derechos que hemos perdido en la función pública, quisiera saber si algún día veremos recuperados alguno de ellos, aunque parece un tanto utópico. ¿El poder adquisitivo va a seguir cayendo en picado o hay visos de lo contrario?.

2.- “Pertenezco al sector de Sanidad en Andalucía. ¿Por qué no se tratan de controlar los contratos de servicios con empresas privadas, que en el fondo sólo sirven para una privatización encubierta?”

Estas preguntas que los afiliados han dirigido a la Federación de Servicios Públicos han sido trasladadas al secretario general Julio Lacuerda por Maite Montaner, presidenta de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Valencia. La candidatura de UGT resultó ganadora en las elecciones sindicales al ayuntamiento de la capital valenciana.

Julio Lacuerda ha señalado que los salarios de los empleados públicos han bajado en torno a un 10% en la presente legislatura, y que según se deduce de la CORA, los recortes no van a cesar hasta 2017. "Ni con este Gobierno, ni con estas políticas, van a solucionarse los problemas a corto plazo. La Acción Sindical de UGT en los últimos años ha servido no obstante para que los gobiernos autonómicos y locales se vean obligados a revisar sus políticas de recursos humanos, aunque insuficientemente y de manera puntual". Julio Lacuerda ha recordado la campaña que FSP-UGT puso en marcha con el lema La dignidad es el salario, para evitar caer en la dicotomía "salario o empleo". El secretario general ha afirmado "que esto marca nuestras prioridades como federación: qué podemos hacer para recuperar salario sin perder empleo ni derechos". FSP-UGT exige un diálogo permanente y fluido en todas las mesas de Negociación.

Lacuerda ha lanzado un mensaje de esperanza respecto de esta situación: "Este gobierno y estas políticas tienen ya tantas grietas que se puede actuar y se puede influir para revertirlas".

Respecto a la Sanidad, Lacuerda ha señalado que el sector ha sido sometido a un indudable hostigamiento y se han venido abajo los principios que la han de configurar: Universalidad, igualdad, solidaridad y cohesión. "El objetivo del gobierno ha sido forzar a los organismos públicos ha declarar insostenible nuestro Sistema Nacional de Salud para justificar su privatización y entregarla al sector privado, para quien la sanidad representa uno de los mayores negocios que existen hoy en el planeta". Las administraciones públicas se han gastado más de 24.000 millones de euros en 116.000 externalizaciones y prestaciones de servicios en el ámbito de la sanidad, y como existe una legislación tan permisiva al respecto, "las organizaciones sindicales nos venimos a enterar de estas privatizaciones cuando las operaciones ya están consumadas".

¿Cuál ha de ser la actuación del sindicato ante esta situación? Demostrar que el mayor beneficio para todos se logra a través de la igualdad y la seguridad en las relaciones laborales y denunciar que la empresa privada persigue un beneficio por encima del coste sin tener en cuenta los derechos de los trabajadores que prestan los servicios ni la calidad de los mismos. Usar al máximo herramientas legales de las que disponemos para evitar subcontrataciones e irregularidades en el ámbito de lo público. Exigir la participación sindical en los pliegos de condiciones, y tener acceso directo a las opciones de contratación de las mismas. Acudir a todas las instancias judiciales.

Haciendo suyas las palabras de Pablo Iglesias, Lacuerda ha terminado su intervención con la siguiente frase: "Si bien es cierto que no todo lo que se afronta puede cambiarse, nada puede cambiarse si no se afronta".

Nuestro principal desequilibrio no es el déficit sino el desempleo

principal desequilibrio el paroUGT considera que el principal desequilibrio de nuestro país es el desempleo no el déficit y que el Gobierno debería cambiar su política económica priorizando la reducción del paro y la creación de empleo de calidad. El sindicato afirma que la estrategia de recortes y austeridad extrema ha provocado una pérdida de capacidades productivas y mucho sufrimiento a los ciudadanos, y reclama poner el acento en relanzar la demanda interna y reducir los niveles de pobreza en nuestro país. Para ello propone reformas clave que velen por el interés general, como la del sector de la energía o la reforma tributaria, reforzar la protección social y apostar por una negociación colectiva fuerte y el aumento de los salarios reales.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha hecho público el dato final de déficit público efectivamente alcanzado en 2014, que ha sido del 5,7% del PIB.

Con ello, se cumple el objetivo comprometido con Bruselas para el pasado año, que era del 5,8% (aunque es dos décimas superior al objetivo previsto por el propio Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado). Para 2015 el objetivo comprometido con Bruselas es del 4,2%. En la medida en que se evita las consecuencias financieras de un incumplimiento de los compromisos adquiridos, cabría valorar el dato favorablemente. Pero es lo que rodea a esta cifra macroeconómica lo realmente importante, y lo que debería centrar de manera permanente el debate y las comparecencias públicas de los responsables de Economía y Hacienda del Ejecutivo español. 

Hay que recordar que el objetivo de déficit de 2014, cuyo cumplimiento ahora celebra el gobierno, es la consecuencia de una serie de revisiones de esos objetivos por parte de las autoridades europeas, ampliando el horizonte del ajuste. No conviene olvidar que en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 el objetivo de déficit era ya del 5,3%, menor que el que se ha alcanzado dos años después. Y que para 2013 ese objetivo era del 3%. La constatación de la imposibilidad de cumplir esa senda de ajuste llevó a la Comisión Europea a fijar un nuevo escenario de consolidación fiscal en 2013, posponiendo el logro del 3% a 2016. Además, la deuda pública ha seguido creciendo, hasta situarse bordeando el 100% del PIB.

Tras todo ello, se esconde la aplicación en estos tres últimos años de una estrategia de recortes y austeridad extrema que solo ha provocado una pérdida de capacidades productivas, el aumento del desempleo hasta los 5,5 millones de personas y mucho sufrimiento a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. El cumplimiento del 5,5% de déficit, que algunos celebran hoy, encubre las penosas consecuencias de la estrategia de empobrecimiento aplicada en nuestro país desde 2010 y desarrollada por el gobierno del Partido Popular sin miramientos.

Precisamente lo que ponen de manifiesto las cifras de consolidación fiscal de cada año es la inutilidad y el grave error que ha supuesto la fijación, desde 2010, de esa estrategia de ajuste draconiano, tal y como denunciamos ya entonces desde UGT. Una estrategia que, aunque se sabía de la imposibilidad de su cumplimiento, se ha ido utilizando como excusa para imponer esa agenda de la austeridad plagada de reformas antisociales.

La incipiente mejora de la situación económica ahora en España y en Europa en general no es en absoluto consecuencia de esa dañina estrategia, sino de las medidas de relajación monetaria del Banco Central Europeo, de la caída del precio del petróleo y de la reactivación de la economía de Estados Unidos, que ejerce ya como locomotora mundial.

Este cambio de ciclo hará más fácil el logro de los compromisos de déficit de los próximos años, pero no se consolidará si no se adopta un cambio de políticas nítido, mucho más claro que el que está proponiendo la nueva Comisión Europea, y que parta del reconocimiento de que el problema en Europa es la falta de demanda.

Europa necesita una nueva estrategia de reactivación que responda a la magnitud de los desafíos que afronta: 24 millones de desempleados, una economía estancada y riesgo cierto de deflación. Para ello, debe impulsar un nuevo Plan de Inversiones más ambicioso que el llamado Plan Juncker, que resulta muy insuficiente. Un Plan como el propuesto por la Confederación Europea de Sindicatos, que supone aumentar la inversión un 2% del PIB anual durante los próximos 10 años. Además, es preciso excluir la inversión pública en proyectos industriales e infraestructuras generadoras de empleo del cómputo del déficit de cada país, articulando una nueva senda de consolidación fiscal más relajada e impulsando una política fiscal europea más armonizada, que erradique los paraísos fiscales y combata la elusión fiscal de las grandes multinacionales. 

Para España, bastaría con que el gobierno entendiera que nuestro principal desequilibrio no es el déficit, sino el desempleo. Y que aplicara una estrategia coherente con el objetivo de reducir el paro y crear empleo de calidad. Ese debería ser el foco mediático en materia económica, porque es el que reclama la ciudadanía. 

El dato de déficit conocido hoy no refleja ante la opinión pública muchos elementos que dan mejor medida de la realidad del país que una cifra porcentual: el empleo de mala calidad que se está creando en este inicio del nuevo ciclo expansivo, que tiene efectos nocivos en términos económicos y sociales; la cuantiosa pérdida de recaudación tributaria que padecemos por las técnicas de elusión y evasión fiscal de muchas grandes empresas y contribuyentes con rentas elevadas; la pérdida de poder de compra a la que están condenados año tras año los pensionistas de nuestro país por la reforma aplicada por el gobierno; la falta de un modelo estratégico de crecimiento, distinto de la continua rebaja de costes laborales y empeoramiento de condiciones de trabajo, que permita consolidar una nueva fase de progreso económico más sostenible; el aumento de las desigualdades y del riesgo de pobreza y exclusión social, que cada vez afecta a más familias. Todo esto y muchas otras cuestiones igualmente penosas, componen la realidad socioeconómica de nuestro país, mucho más que la cifra de déficit. Y a ello deberían dar respuesta las políticas aplicadas.

Desde UGT reclamamos un cambio en la política económica aplicada en nuestro país, que ponga el acento en relanzar la demanda interna y reducir los niveles de pobreza. Para ello, es necesario:

  • la puesta en marcha de algunas reformas clave, como la del sector de la energía, para facilitar su acceso a toda la ciudadanía y hacerla más barata, o la tributaria, para aumentar la recaudación y aumentar la justicia de las aportaciones, haciendo que paguen más quienes disponen de más renta y patrimonio; 
  • el reforzamiento de las políticas públicas de protección social; 
  • y, en el ámbito de la negociación colectiva, el aumento de los salarios reales, puesto que son la fuente de ingresos esencial de millones de familias, y sin su participación es imposible relanzar el consumo y consolidar un crecimiento sostenible y generador de más y mejor empleo.

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