FeSP-UGT apuesta por un nuevo Acuerdo de legislatura en Función Pública

FeSP-UGT apuesta por un nuevo Acuerdo de legislatura en Función PúblicaLa Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT se ha reunido este jueves con Carolina Darias, ministra de Política Territorial y Función Pública, en una primera toma de contacto desde la formación de Gobierno. El sindicato ha pedido a Darias que convoque lo antes posible la comisión de seguimiento del actual Acuerdo y dicho encuentro ha quedado fijado para el mes de marzo.

Frederic Monell, representante de UGT en la reunión, ha hecho un balance positivo de la misma: "hemos encontrado a una ministra con ganas de trabajar, de implicarse a fondo los problemas que tienen las Administraciones Públicas y dispuesta asumir compromisos en relación con lo que nos queda pendiente de desarrollo respecto al Acuerdo 2018-2020. La hemos encontrado también con muy buena predisposición a enfocar un Acuerdo nuevo para los próximos tiempos".

UGT ha planteado la necesidad de hacer un balance y una revisión del Acuerdo vigente. "Para nosotros ha sido un  positivo porque nos ha permitido recuperar parte de los derechos y los salarios perdidos, nos ha permitido hacer por primera vez convocatorias importantes para reducir la temporalidad en las Administraciones y también para crear empleo neto". No obstante Monell ha subrayado que faltan convocatorias aún y es necesario analizar el volumen de las plazas convocadas y ejecutar lo antes posible lo que queda pendiente.

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Publicado en el BOE el Real Decreto ley: ya no se puede despedir por enfermar

Publicada en el BOE la derogación del despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo. En el BOE núm. 43 de 19 de febrero se publica el Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

UGT valora que el Consejo de Ministros haya aprobado la derogación del artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores, que permite a las empresas despedir, de manera objetiva por la acumulación de bajas médicas intermitentes, aunque estén justificadas, pero considera que hay que ir más allá.

Demanda avanzar en una nueva normativa laboral en la que se recupere, entre otras cosas, la causalidad de los despidos (que deben ser debidamente justificados, tipificados, claros y negociados con la representación de los trabajadores) y en la que se restablezca el equilibrio en las relaciones laborales.

Exige al Gobierno que derogue las reformas laborales, que han recortado los derechos de los trabajadores y trabajadoras, para iniciar la negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, en el marco del diálogo social.

UGT valora que el Consejo de Ministros haya derogado por fin una de las aberraciones normativas más duras contra los derechos de los trabajadores, el artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadoras que castiga con el despido a los trabajadores y trabajadoras por faltar reiteradamente al puesto de trabajo, aunque exista causa justificada. Una norma avalada por una sentencia del Tribunal Constitucional, en la que se prima el interés económico de las empresas sobre los derechos constitucionales de los trabajadores, entre ellos, el derecho a la salud.

El sindicato, sin embargo, considera que el Gobierno tiene que ser valiente e ir más allá derogando, con carácter de urgencia, los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012, impuesta de manera unilateral por el Gobierno del PP y que ha tenido efectos devastadores sobre el empleo y los derechos de los trabajadores.

En este sentido, pide recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos y que el convenio de sector vuelva a prevalecer sobre el convenio de empresa, dos elementos fundamentales, y en las que ya se había avanzado, en el marco del diálogo social, antes de la convocatoria de las últimas elecciones generales.
Al mismo tiempo exige acabar con la barra libre de despidos, establecida por la actual normativa y volver a recuperar la causalidad de los mismos, que deben estar debidamente justificados, tipificados, claros y negociados con la representación de los trabajadores.

El sindicato recuerda al Gobierno que es hora de recuperar el equilibrio de las relaciones laborales, y recuerda su demanda de que se deroguen las dos últimas reformas laborales, que han recortado los derechos de los trabajadores y trabajadoras, antes de negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Acceso al RD-ley del BOE

Y, recuerda que puedes acceder a legislación diversa en este enlace de esta web

Tras la crisis del COVID-19, el Gobierno debe negociar una solución al problema de abuso de contratación de interinos

Tras la crisis del COVID-19, el Gobierno debe negociar una solución al problema de abuso de contratación de interinosUGT reitera su petición de eliminar la tasa de Reposición en las Administraciones Públicas y agilizar los procesos de convocatorias de empleo público.

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT emplaza a las Administraciones Públicas a, una vez concluya el estado excepcional en el que se encuentra España por la pandemia de COVID-19, iniciar una negociación con los sindicatos más representativos del sector para encontrar una solución general y definitiva a la situación en la que se encuentran miles de interinos, más allá de lo que dicten los tribunales. 

En un primer análisis de la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el sindicato señala que aunque ésta reconoce el abuso, declara la no conversión automática en fijo del personal interino (funcionario/estatutario) objeto de abuso en sus nombramientos temporales. La posible percepción de una indemnización, al cesar su relación, deberá ser analizada por los tribunales españoles. También queda demostrado que, como viene denunciando FeSP-UGT desde hace décadas, las Administraciones Públicas abusan fraudulentamente de los nombramientos temporales (en volumen y duración). 

En opinión de UGT está situación, en la que se encuentran miles de interinos, muchos de ellos con más de cincuenta años, está provocada por el abuso y la mala gestión del empleo público que se ha aplicado durante la última década, con recortes y falta de convocatoria de Ofertas de Empleo Público. El sindicato mantiene su exigencia de eliminar la tasa de reposición y agilizar las procesos de OPE para disminuir la precariedad en Función Pública. 

Análisis del Gabinete Técnico Federal

 

Urge la actualización del IPREM y su revalorización anual. Este indicador no se revisa desde 2017

Urge la actualización del IPREM y su revalorización anual. Este indicador no se revisa desde 2017Para UGT y CCOO es necesario que el IPREM recupere el poder real perdido desde 2004 hasta 2019 (-9,4 puntos), así como evitar su pérdida en años sucesivos. Ambos sindicatos consideran inadmisible mantener esta continua depreciación del indicador, que genera consecuencias negativas en la protección social por desempleo y en el acceso a múltiples servicios sociales, entre otras políticas públicas, cruciales para el proceso de crecimiento y desarrollo de nuestro país.

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) fue creado en 2004 y determina las cuantías mínima y máxima de todas las prestaciones contributivas por desempleo, así como la cuantía de todas las prestaciones asistenciales por desempleo, la renta activa de inserción y la renta agraria. Es asimismo referencia para el acceso y cuantías de prestaciones sociales, acceso a vivienda de protección oficial y ayudas de alquiler, becas de estudio y formación, y subvenciones a familias (por ejemplo, establece límites de ingresos anuales que no se deben superar para la concesión de becas o ayudas para las guarderías o colegios)

En los primeros años tras su creación, el IPREM se fue actualizando, pero su congelación entre 2010 y 2016, con una modesta actualización en 2017 y una nueva congelación de su incremento hasta hoy, supone acumular una pérdida en términos reales de 9,4 puntos porcentuales.

Esta devaluación del IPREM supone un doble problema. En primer lugar, porque limita y restringe el acceso de un cada vez mayor número de beneficiarios a las ayudas y prestaciones vinculadas a este índice. Y, segundo, repercute negativamente en la cuantía de las ayudas y prestaciones, devaluando las rentas reales de las personas en situación más vulnerable.

Por ello, CCOO y UGT piden al Gobierno, por un lado, una actualización del IPREM que corrija, en el menor plazo posible, el diferencial de pérdida acumulada para que pueda tener reflejo en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2020. Y por otro, el establecimiento de un mecanismo de actualización automática vinculado al crecimiento real de los precios, con un mecanismo de corrección anual de la posible desviación entre el IPC real y el incremento inicial del IPREM.

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